España y el cumplimiento de sus obligaciones internaciones sobre los derechos del niño (Parte II)

Una de las cuestiones que se indican a título de recomendación desde la primera Observación sobre el informe español es la conveniencia de que España manifieste su consentimiento en obligarse por el Tratado sobre los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, que adoptado en 1990, aún no ha sido ratificado por España (ni por ninguno de nuestros socios de la Unión Europea). Es curioso, como actúa nuestro país en relación con las obligaciones internacionales, este tratado no incorpora obligaciones para España mayores de las que se han incorporado en nuestra legislación, pero es evidente que España cuenta con un volumen de población inmigrante que ameritaría la manifestación del consentimiento por este tratado y sin embargo, miramos para otro lado. Por el contrario, sí que hemos ratificado el Convenio de la OIT respecto de los pueblos indígenas y tribales, conociendo claramente que no podremos aplicar las obligaciones que incorpora por imposibilidad subjetiva de cumplimiento, dado que en España no hay poblaciones indígenas y tribales.
En el informe de 2002, los motivos de preocupación del Comité se multiplican, pues junto con los anteriores se incorporan otros de considerable relevancia:

Violencia contra los niños, incluso violencia familiar, recomienda una acción en distintos niveles:
a) Educativo o formativo, solicitando que se adopten todas las medidas necesarias para conseguir un cambio de actitudes, para esto las campañas públicas con un buen instrumento de fomento de comportamientos adecuados. También puede lograrse mediante la formación de los profesores. Existen materiales para su capacitación en este sentido. Incluso hay Másters de capacitación de profesores de educación secundaria que incorporan materias obligatorias relacionadas con la violencia, ya sea familiar o entre menores. En todo caso, ningún instrumento es suficientemente eficaz, es necesaria la conjunción de los precisos si queremos logran con éxito el objetivo planteado.
b) La investigación de los casos de violencia y abuso de los niños dentro y fuera de la familia siempre prestando especial atención a la intimidad de las víctimas. En este sentido contamos con el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar Actualizado a la intervención en los supuestos de menores de edad víctimas de violencia de género, que si bien es un protocolo (soft-law, en consecuencia), marca pautas de actuación interesantes en este punto.
c) Adopción de medidas de asistencia a los niños en procedimientos judiciales para promover la recuperación física y reintegración social de las víctimas de estos abusos.
– Salud de adolescentes, especialmente en materia de drogas, alcohol, embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, salud mental y orientación psicológica.
d) Aparece por primera vez la preocupación sobre la mutilación genital femenina, recomendando la realización de estudios sobre el alcance y la naturaleza de las prácticas que se realizan en España o en el extranjero de niñas residentes en nuestro país. Además de:
e) Realizar campañas de información y sensibilización teniendo en cuenta los resultados del estudio, para prevenir esta práctica.
En materia de educación, se muestra preocupado por el absentismo y abandono temprano de la escuela especialmente entre dos grupos vulnerables de niños: los gitanos o romaníes y los hijos de familias migrantes; así como por la inexistencia en el proceso educativo de materias que promuevan la cultura de paz y la tolerancia. El gobierno alega que la discutida Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) promueve la educación de calidad, integradora e inclusiva, garantiza la igualdad de oportunidades, previene el fracaso, el absentismo y el abandono escolar. Cuestión bastante dudosa puesto que todos los grupos políticos con presencia en el Parlamento actual están de acuerdo en la necesidad de modificarla porque no complace a ninguno de ellos. O En este sentido, el Informe del Comité de Derechos económicos sociales y culturales de 2012, sobre España, incide en materia educativa, pensemos que se trata del informe remitido en el momento de implantación de las medidas de austeridad que todos conocemos. Este Comité se muestra muy preocupado por la repercusión de estas medidas en los derechos de los niños, muy especialmente en los hijos de familias inmigrantes, los niños gitanos y los hijos de familias cuyos miembros se encuentran en situación de desempleo. Además de ello, la pobreza infantil, la reproducción de los estereotipos de género ante la pasividad del Estado o las repercusiones que esas medidas de austeridad tuvieron sobre el derecho a la salud o a la formación de estos menores, anclaba o dificultaba cuando menos el logro de un mejor futuro para ellos, provocando en consecuencia una importante barrera, pues las medidas de retrocesión en lo que se refiere al logro de los derechos económicos, sociales y culturales alejaba cada vez más la formación entre los niños pertenecientes a estos grupos vulnerables y el resto. No en vano somos el 15º país en lo que a relación alumnos /profesor en secundaria se refiere, si queremos consolarnos en lugar de avanzar en este importantísimo ámbito material siempre podemos pensar no estamos del todo mal, si somos 27 y nos encontramos con 14 Estados que tienen una relación peor.
El trabajo infantil, o mejor dicho, la explotación económica, especialmente en las empresas familiares y en el sector agrícola. No se transmiten datos al Comité por ese motivo, y teniendo en cuenta el informe realizado por el Comité español de UNICEF sobre las explotaciones de diversa índole de los menores en España, parece necesario solicitar datos oficiales sobre esta cuestión, lo que implicará la elaboración de estudios que permitan a España advertir el alcance de esta situación y adoptar medidas adecuadas para erradicar el trabajo infantil.
El informe de 2010, el Comité se muestra preocupado porque el Estado ha incumplido sus observaciones anteriores, incidiendo en algunos aspectos que formalmente parecían haberse superado. Por ejemplo, entre 2002 y 2010, España había presentado el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia (2008), un plan ambicioso pero desafortunadamente, poco practicable debido a que no incorporaba los recursos necesarios para su aplicación, ni recursos humanos ni económicos. En consecuencia, suponía un avance formal pero no real en la situación de estos menores. El comité llama a la dotación de los recursos necesarios para que esa formalidad se transforme en realidad.

Supervisión y garantía de medidas que prevengan la discriminación de niños provenientes de grupos vulnerables, entendiendo por tales, especialmente los niños de origen romaní, de trabajadores migrantes, no acompañados y los que sufren discapacidad. En este sentido se nos piden medidas y estrategias amplias susceptibles potencialmente de evitar la discriminación.
En relación con el interés superior del menor: se solicita la aplicación de forma coherente y razonable del principio del interés superior del menor sin predisposición del órgano aplicador, así como una evaluación a posteriori de las consecuencias de las medidas y decisiones adoptadas por los gobiernos en interés superior del menor
o Fundamental: capacitar a los responsables de la adopción de decisiones que puedan afectar a los menores para que tengan una formación sólida sobre el interés superior del menor, con todas las dudas que puede suponer aun con esa formación.
o La falta de capacitación es un problema importante porque hemos de tener en cuenta que el interés superior del menor, tal y como está formulado en la Convención sobre los derechos del niño tiene una triple naturaleza, por una parte es un derecho subjetivo del que es titular el menor, por otro lado es un principio interpretativo de todas las medidas que hayan de aplicarse a los menores. Otras preocupaciones que manifiesta es la deficiente utilidad de los medios de comunicación públicos para la alfabetización digital de los niños, así como la necesidad de que la televisión pública.
En definitiva, la evaluación es positiva pero aún tenemos puntos en los que mejorar:
Adoptar medidas eficaces para avanzar en los derechos económicos, sociales y culturales y muy especialmente en tres ámbitos: adoptar medidas eficaces para prevenir y reprimir la discriminación de grupos vulnerables (extranjeros o gitanos, romaníes), adoptar medidas eficaces tendentes a prevenir y reprimir la violencia de género, que se está reproduciendo a edades tempranas en la adolescencia; y, de forma clara adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir o cuando menos mitigar la pobreza infantil. O En relación a los derechos económicos, sociales y culturales, dado que son obligaciones de comportamiento, la exigencia es que cada vez el Estado preste servicios de mejor calidad, estando en consecuencia prohibido la adopción de medidas regresivas.
En relación con los menores no acompañados. Es una preocupación que no solo afecta a España, nuestros socios europeos tienen los mismos problemas en este punto. En concreto, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución para indicar la necesidad de que los Estados contemplasen alternativas a los centros de retención de niños migrantes. La ubicación de los menores en estos centros es una práctica creciente de los Estados miembros del Consejo de Europa (47). Práctica que se desarrolla a pesar de las modificaciones legislativas de algunos Estados miembros, se calcula que en el Consejo de Europa hay decenas de miles de niños que ingresan cada año en centros de retención. En 2011, la misma Asamblea Parlamentaria había adoptado una resolución en la que se indicaba que los menores no deberían ingresar en estos centros de retención, en la medida en que es contrario a su interés general, derecho del que son titulares como los demás menores.
En conclusión, España progresa adecuadamente en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto de los derechos del niño. Es cierto que debería ser más puntual en su observancia, debiendo actuar lento pero seguro, a pasos cortos pero continuados en lugar de esperar a una reforma integral de nuestra legislación en la materia. Estas reformas integrales son más eficaces que los “parcheados”, pero tardan demasiado tiempo en producirse, aprobarse y consolidarse.

Ensayo escrito por Soledad Torrecuadrada García-Lozano, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Internacional Público y vicedecana de la Facultad de Derecho de la UAM.

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