Por escribir

La posibilidad de caer en errores técnicos al hablar de Derecho es enorme siempre que no se tenga un conocimiento de él que sea total y que no deje lugar a dudas. Es por eso que en este artículo quiero dejar de lado todos los juicios propios sobre las cuestiones jurídicas que atañen al contenido del mismo, ya que perder mi argumentación en tecnicismos que no alcanzo me parece una pérdida de tiempo.

La Sentencia de la Audiencia Nacional Nº 9/17 ha condenado esta semana a Cassandra, una tuitera murciana de 21 años, a 1 año de prisión, otro de inhabilitación de su derecho al sufragio pasivo y una inhabilitación absoluta durante el periodo de 7 años. Todo por tuitear en una red social. Les podría parecer a los lectores que no estén de acuerdo con la tesis que se intuye en el título del artículo, que lo que hago es una reducción tramposa del caso y que muchas veces caer en este reduccionismo nos hace ver distorsionada la realidad. Creo que en casos como este se han de llamar las cosas por su nombre: Cassandra ha sido condenada por tuitear, por escribir, por publicar frases, palabras en una red social.

Las consideraciones jurídicas para mí están claras y nunca me atrevería a contradecir a un juez o a tachar de errónea una sentencia, pero viajemos al abstracto del asunto para analizar el cuadro que se dibuja como fondo de todo esto.

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El marco teórico de la condena se resume fácilmente en el nombre del delito por el que se ha condenado a Cassandra: “humillación a las víctimas del terrorismo”. Según la RAE humillar es abatir el orgullo y altivez de alguien. Podemos entonces afirmar, aún en este viaje de abstracción, que los tuits de Cassandra son claramente humillantes hacia una víctima del terrorismo como fue Carrero Blanco. Aún así y cumpliéndose este supuesto, no cabe nunca en un Estado de Derecho como el nuestro una condena o un delito que simplemente tenga por objeto que se dejen de hacer chistes o mofas sobre la muerte y el asesinato. Los juicios de la moral son tremendamente heterogéneos en todas las sociedades occidentales por lo que al no poder hacer un criterio universal es muy difícil que, como sí pasa en otros ámbitos del Derecho, en la mayoría de hecho, haya una masa crítica suficientemente grande que esté de acuerdo con este tipo de resoluciones judiciales. Ni siquiera se trata de ver de qué manera podemos encajar los límites del humor negro, ni de hacer entender que cada uno puede decir lo que piensa en cada momento sino de entender por qué es inadmisible en democracia que en el siglo XXI se haya pasado de quemar libros a quemar tuits de unas cuantas palabras.

Los límites de la libertad de expresión son a veces demasiado difusos como para crear de ellos un campo de juego o una articulación real, pero ello no quita que estos mismos límites sean los que conformen uno de los pilares de la democracia como la queremos entender los demócratas. Es de auténtica vergüenza y sonrojo que el gobierno de nuestro país reforme el código penal de manera que delitos como en el que ha incurrido Cassandra sean castigados con penas de prisión mientras tenemos que aceptar que la corrupción llevada a cabo por el cuñado del jefe del Estado con la cobertura de toda la Casa del Rey, no sea suficiente para verle pasear hacia la celda. La libertad de expresión es un derecho recogido en la Constitución Española en su artículo 20 y muchas veces esta discusión sobre sus límites nos hace perder el propio sentido del derecho, ya que no es lo mismo dimitir por unos tuits de mal gusto al ostentar un cargo público, que procesar y condenar a un ciudadano privado por unos cuantos chistes.

Vivimos en un momento de tensión muy alta en el que la limitación de derechos se hace tan frágil que nos podemos ver desposeídos de lo que en democracia es fundamental. Esto ocurre porque hemos dejado de ver lo fundamental como lo que es, y perder el nivel de atención en estos casos nos hace demasiado vulnerables, demasiado adormecidos mientras los embates de los enemigos del statu quo aumentan su intensidad. Este ataque a la libertad de expresión es uno más entre los abusos que se vienen cometiendo desde hace años ya en nuestra democracia y dejarlo pasar nos sitúa en un escenario de gran vulnerabilidad. Es de capital importancia que la respuesta ante estos no se quede en el mero cabreo e indignación popular, sino que vaya más allá y se traduzca en una exigencia de adaptar las políticas legislativas al sentir y a la vida del siglo XXI.

Álvaro Blanco Álvarez-Bolado es estudiante de Derecho y Ciencia Política (UAM)

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